Monday, October 23, 2017

ARGENTINA DA UN ROTUNDO APOYO A MACRI EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS


Sede del partido Cambiemos en Buenos Aires. (EFE)
Agencias | Buenos Aires | 23 de Octubre de 2017
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, obtuvo en las elecciones legislativas celebradas el domingo un fuerte espaldarazo a su gestión. El frente gobernante Cambiemos alcanzó, según el escrutinio provisional, el mayor número de votos en los más importantes distritos del país, reportó EFE.
De ratificarse el recuento, se confirmará una fuerte caída del peronismo y el auge del bloque conservador que llevó a Macri a la jefatura del Estado en diciembre de 2015, que se consolidará a partir del próximo 10 de diciembre como primera fuerza de la Cámara de Diputados, con 107 asientos de los 257 totales, 21 más que hasta ahora, según los primeros datos.
Asimismo, aunque en ninguna de las Cámaras el oficialismo tendrá mayoría absoluta, en el Senado también aumentará su presencia con nueve escaños más, y llegará a tener 24 de los 72 totales.
"Confirmamos nuestro compromiso serio y profundo con el cambio", expresó Macri ante cientos de seguidores en el búnker oficialista en Buenos Aires tras conocer que Cambiemos se colocaba primero no solo en la codiciada provincia de Buenos Aires —distrito más populoso del país—, sino también en zonas como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y en la misma capital federal.
Precisamente esta última representa el más fuerte triunfo del macrismo, cuya primera candidata a diputada, Elisa "Lilita" Carrió, arrasó al llevarse el 50,93 % de los votos.
Si por un lado se confirma el refrendo de la ciudadanía al Ejecutivo —que en sus dos años de mandato ha resistido a fuertes críticas opositoras a su política económica y numerosas manifestaciones callejeras en su contra—, el peronismo, que se presentó fuertemente dividido a los comicios, registró un notable descenso de poder.
Aunque en provincias hasta ahora granero de votos de la histórica fuerza, como Santa Cruz —cuna del peronismo kirchnerista— y La Rioja, Cambiemos obtuvo un importante triunfo, el movimiento nacido a mediados del siglo XX en torno al entonces presidente Juan Domingo Perón pudo retener los apoyos como primera fuerza en feudos tradicionales, como la provincia de San Luis.
Así, en su vertiente kirchnerista, la lista que lideraba la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), candidata al Senado por la provincia bonaerense, finalmente no pudo superar a la del candidato de Cambiemos, el exministro de Educación Esteban Bullrich, aunque los números aseguran a la viuda del expresidente Néstor Kirchner una banca en la Cámara Alta.
Cristina Fernández, 'la oposición más firme'
En su intervención tras conocerse el escrutinio, la exjefa del Estado, cuyos fueros parlamentarios le permitirán blindarse ante las numerosas causas judiciales que le afectan, calificó la fuerza que lidera, Unidad Ciudadana, como "la oposición más firme" al Gobierno de Macri, que definió como "la más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria desde la restauración democrática".
La sociedad ha elegido "qué modelo de oposición quiere", según la exmandataria.
"Creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerza políticas que creen que este modelo político y social de ajuste solamente puede causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo", subrayó, convencida de que en muchas oportunidades "algunos opositores" se dedican más a criticarla a ella que "a lo que está haciendo el Gobierno".
Unos 33,1 millones de argentinos estaban habilitados para votar en estas legislativas, las primeras de Macri en la Presidencia, razón por las que se habían convertido en una suerte de plebiscito de sus casi dos años de Gobierno.
En los comicios se eligieron en todos los distritos 127 diputados nacionales —la mitad de la Cámara— para el periodo 2017-2021, así como 24 senadores —un tercio del total de bancadas—, representantes de ocho de las provincias, para los próximos seis años.
Además, en diversas regiones se eligieron nuevos miembros para sus Cámaras parlamentarias.
"Todo indica que Cambiemos ha hecho una elección muy buena (...) vayan mis felicitaciones", dijo Florencio Randazzo, principal candidato al Senado por el histórico Partido Justicialista (peronista), al tiempo que reconoció que el peronismo ha tenido "resultados desfavorables", lo que obliga a tener "más autocrítica".
Quien tampoco fue la primera opción de los votantes, en este caso en su provincia natal, La Rioja, fue el expresidente Carlos Menem (1989-1999), de 87 años, que aunque quedó por debajo de los candidatos del oficialismo consiguió renovar su banca en el Senado, que ocupa desde 2005.
En la simbólica provincia de Buenos Aires, donde estaban en juego tres escaños al Senado nacional —dos para la lista más votada y uno para la segunda— a Cambiemos y Unidad Ciudadana le siguen en número de votos la lista del frente de centroizquierda 1País (11,32 %), encabezada por Sergio Massa, y la del peronista Frente Justicialista (5,31%), con Randazzo en primer lugar, que no consiguieron escaño.
En este contexto, y con los resultados del domingo, Mauricio Macri logró un sitio perfecto para la carrera a la reelección presidencial en 2019.

NARCOSOBRINOS PODRIAN SER CONDENADOS A CADENA PERPETUA

Narcosobrinos tienen altas probabilidades de ser condenados a cadena perpetua

La Fiscalía de Nueva York asegura que los acusados tienen una larga conducta criminal y tiempo en el negocio del narcotráfico


Por Maibort Petit
@maibortpetit
VENEPRESS
23 de octubre, 2017 
 
El juez de Distrito, Paul Crotty, emitió una orden relacionada con las presentaciones hechas durante la audiencia oral de argumentos donde los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hicieron objeciones al Informe de Investigación Final anterior a la Sentencia donde la corte ratificó que el nivel de ofensa de los acusados es 43. En la tabla de sentencias federales el nivel 43 es el más alto con un castigo equivalente a cadena perpetua, tal como puede apreciarse en la tabla que presentamos a continuación.


El Juez Crotty concluyó la revisión de los argumentos de la defensa y de la fiscalía y determinó que la totalidad de los agravantes del caso de Campo y Flores suma un nivel de ofensa de 44, pero de acuerdo a las reglas, cuando un caso suma 44 debe ser tratado como 43, que es el nivel más alto de ofensa de las directrices federales. He aquí una imagen de lo expuesto por la corte en este aspecto.

En el Informe de Investigación Final previo a la Sentencia presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, parte acusadora en este caso, se exige al tribunal que Campo y Flores sean sentenciados a cadena perpetua, no solo por la gravedad de la ofensa, y cantidad de la cocaína que incluye la conspiración la cual es superior a los 450 kilogramos, sino porque de acuerdo a los fiscales federales, los sobrinos de la pareja presidencial venezolana tienen una larga conducta criminal y estaban vinculados al negocio del narcotráfico antes de que fueran interceptados por la DEA.

¿Cómo se calcula una sentencia apropiada en la justicia penal?

Para calcular una sentencia apropiada para un acusado, la justicia penal estadounidense utiliza un informe de investigación pre-condenatorio que es realizado por las Oficinas de Libertad Condicional de Estados Unidos.

El experto en derecho criminal, Carlos Pérez, explicó que de acuerdo al artículo 32 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, un oficial de libertad condicional debe realizar un informe de investigación previo a la condena y entregarlo al tribunal en casi todos los casos.

En esa investigación se identifican todas las pautas que sentencian, así como las declaraciones de política aplicables en la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Asimismo, se calcula  el nivel de la ofensa cometido por el acusado y la categoría de antecedentes penales.

En el informe, dice Pérez, se indica el resultado del código penal y las clases de sentencias disponibles para esa ofensa y, además, se identifica cualquier factor pertinente a la clase apropiada de sentencia dentro de los parámetros aplicables establecidos en el código penal.

De acuerdo a la regla, el  informe pre-condenatorio contiene la historia del acusado y las características incluyendo cualquier antecedente penal, la situación financiera del acusado, cualquier circunstancia que afecte su comportamiento que pueda ser útil en la imposición de sentencia o en el tratamiento penitenciario.

Pérez dice que los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional verifican la información del acusado y se evalúa el impacto económico, social, psicológico y/o impacto médico de cualquier víctima de la ofensa, la naturaleza y el alcance de programas no-penitenciarios y recursos a disposición del acusado, suficiente información para ordenar restitución y cualquier otro dato que la corte requiera.

Pautas de sentencias obligatorias

El abogado expone que la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 adoptó una serie de pautas de sentencia obligatorias que rigen para estos casos, y  que en 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la naturaleza obligatoria de las pautas que sentencian fueran sujetas a los requisitos de jurado de la Constitución de Estados Unidos.

El Tribunal acordó que el remedio apropiado era quitar las provisiones de la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 que hizo que las pautas de sentencia fueran obligatorias.

El sistema actual requiere que el tribunal que establezca la pena considere las opciones de sentencia recomendadas por las pautas, pero los jueces están libres a imponer cualquier sentencia autorizada por la ley, dice el experto.

Señal Pérez que el oficial de la libertad condicional, que es un empleado por el Tribunal Federal de distrito de Estados Unidos, sirve como investigador independiente para el tribunal. "Hay que dejar claro que ese oficial de la libertad condicional no trabaja para el fiscal, ni el abogado defensor del acusado. Esa persona recibe información de las dos partes y es extremadamente cauteloso de adoptar cualquiera de las posiciones de los partidos rotundamente", acota.

Por lo general, el oficial de libertad condicional se reúne y verifica información importante sobre la ofensa y el acusado para la inclusión en el informe pre-condenatorio.

— El oficial reúne información de dos formas principales: la realización de entrevistas y revisión de documentos. Después de completar todas las entrevistas necesarias y la recolección de los documentos, el oficial de libertad condicional prepara el informe pre-condenatorio y se lo entrega al juez.

Durante la entrevista al acusado—la cual tiene lugar luego de emitido el veredicto del jurado o se haya producido una declaración de culpabilidad— el oficial de libertad condicional formula preguntas acerca de la ofensa por la cual fue procesado y hallado culpable el demandado, sobre antecedentes penales y familiares, educación, empleo, finanzas, salud física y mental, y abuso de alcohol o drogas.

Igualmente pedirá que el acusado proporcione el nombre e información de un miembro de la familia o amigo cercano que pueda verificar la información del historial personal del acusado y, en muchos casos, pide que proporcione documentación de la información proporcionada durante la entrevista, tales como registros financieros, registros de nacimiento/matrimonio/ divorcio, expedientes académicos, registros de empleo, registros de servicio militar, historiales médicos, o registros médicos o de consejería.

Pérez continúa su explicación e indica que si el acusado no puede, o no está dispuesto a proporcionar dicha documentación, el oficial tratará de obtener los documentos de manera independientemente. Los acusados tienen el derecho de negarse a contestar preguntas o proporcionar información durante la entrevista previa a la condena.

La defensa puede aconsejar al cliente no contestar ciertas preguntas o no firmar algunas formas para obtener información. La decisión de no contestar a una pregunta ni proporcionar información será informada al tribunal con una anotación de que la decisión fue adoptada con el asesoramiento de un abogado.

La falta de información en el informe con respecto a cuestiones particulares puede restringir el acceso del acusado a los programas ofrecidos por la Oficina Federal de Prisiones si el demandado es encarcelado.

Asimismo, Pérez dice que la falta de información en algunos asuntos también puede afectar el cálculo de las guías de asesoramiento de sentencia. Es por ello que se les recomienda a los acusados consultar con su abogado sobre qué información debe proporcionar durante la entrevista de investigación pre-condenatoria. Los abogados de la defensa suelen estar presentes en esta parte del proceso.

El experto aclara que el Informe Federal de investigación pre-condenatorio es un documento confidencial y su divulgación está limitada a lo que dice la regla. Una copia se le entrega a la defensa y otra a la fiscalía. Luego de este paso, los abogados defensores discuten el informe con los acusados y luego hacen objeciones al informe.

Los abogados de Campo y Flores presentaron una serie de objeciones al informe, que en este caso coincidió con el informe previo a la sentencia presentado por la fiscalía. La defensa calificó el Informe de la Oficina de Libertad Condicional como una copia del presentado por el gobierno.

La defensa puede imputar la exactitud de la información contenida en el informe o la aplicación de las pautas que sentencian a esa información y el oficial está obligado a proporcionar respuestas a todas las objeciones recibidas en un apéndice al informe pre-condenatorio. Una vez que el oficial complete las correcciones, el informe es entregado al fiscal, a los abogados defensores y al juez que emite la sentencia.

Una vez sentenciados, el informe es enviado a la Oficina Federal de Prisiones para ayudar a esa instancia a clasificar al acusado al nivel de seguridad apropiado, a proporcionar programas de prisión y para la planificación de la liberación. Aunque el informe previo a la condena es entregado a la  Oficina de Prisiones, sigue siendo un documento oficial del tribunal y no podrá ser divulgado a terceros.

Cadena perpetua

De acuerdo a las estadísticas disponibles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las sentencias de cadena perpetua son raras en el sistema federal de justicia penal.

Por lo general, casi todos los delincuentes condenados por un delito federal, finalmente pueden  salir de la cárcel y regresar a la sociedad o, en el casos de extranjeros ilegales, ser deportados a su país de origen.

No obstante, en el año fiscal 2013 los jueces federales impusieron cadena perpetua sin libertad condicional a 153 delincuentes. Las estadísticas señalan que ese mismo año, otros 168 reos recibieron una condena de un período específico de años tan largo que tuvo el efecto práctico de ser una sentencia de por vida. Esto representó sólo el 0,4 por ciento de todos sentenciados ese año.

Los datos reflejan que la infracción por la cual se impuso sentencia de prisión perpetua en el 2013 fue el tráfico de drogas. En específico, fueron condenados 64 reos. Estos casos representaron el 41,8 por ciento de los delincuentes que fueron condenados a pasar toda su vida en la prisión ese año. Aun así, una sentencia perpetua es rara en los casos de narcotráfico, habiéndose impuesto en menos de un tercio del uno por ciento de todos los casos de narcotráfico ese año.

Delitos que llevan a cadena perpetua

De acuerdo a lo establecido en el informe de Sentencias Federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el año 2013, existen numerosas leyes penales federales que autorizan las condenas de cadena perpetua como pena máxima.

El más comúnmente utilizado de estos estatutos es el relacionado con tráfico de drogas, asesinatos y armas de fuego. Hay al menos 45 estatutos que requieren una pena de cadena perpetua para ser impuesta como la pena mínima. Estas penas mínimas obligatorias generalmente se requieren en los casos que implican el asesinato de un funcionario u otro empleado del gobierno, piratería o reincidencia involucrando tráfico de drogas o armas.

En el año fiscal 2013, 69 de los 153 delincuentes que fueron condenados a cadena perpetua estaban sujetos a una pena mínima obligatoria que obligaba al tribunal a imponer esa sentencia.

En el informe se establece que la  Comisión de Sentencia de los Estados Unidos promulga directrices de sentencia que proporcionan "rangos de sentencia" que los jueces deben considerar al imponer una sentencia en los casos de felonía federal.

Dichas directrices tienen en cuenta tanto el delito como las características del delincuente para proporcionar rango recomendado de encarcelamiento, libertad condicional o combinación de confinamiento y libertad condicional. Para la mayoría de los delitos federales hay una línea de delincuencia correspondiente especificado en el Manual de Directrices que la Comisión, dice el informe.

Cada pauta proporciona una o más "niveles de infracción base" para el delito o grupo de delitos referencia a la misma, que sirve de punto de partida para determinación de la sentencia. La mayoría de las pautas entonces contienen disposiciones adicionales que el juez debe considerar a la luz de la "conducta de ofensa real" del delincuente.

Usando estas provisiones, los jueces están obligados a hacer los cálculos aplicables en cada caso. "El hecho de no calcular y considerar adecuadamente la directrices es un error de procedimiento reversible", dice el reporte.

Para calcular la directriz, el juez determina primero qué aplica al delito de convicción y la base de infracción que se corresponde a los hechos del caso y, luego, considera si las disposiciones específicas de una característica ofensiva se aplican, junto con referencias cruzadas a otras directrices e instrucciones para esa directriz.

Estas disposiciones aumentan o disminuyen el "nivel de ofensa" que determinará la sentencia en el caso. El juez Paul Crotty determinó que el nivel de ofensa de Campo y Flores es 43, es decir el mayor en la lista de ofensas que conlleva a cadena perpetua. No obstante, Crotty puede aplicar cualquiera de los "ajustes" previstos en las disposiciones relativas al tipo de víctima del delito. Una de las decisiones del juez de este caso es que eliminó el agravante que había propuesto la fiscalía que señalaba que los dos acusados habían obstaculizado la justicia en relación con el delito.

El juez Crotty determinó en el documento presentado a las dos partes el 10 de octubre de  2017 que el nivel de ofensa final para el delito del delincuente es 43. Ahora, el magistrado pasará a determinar la puntuación de antecedentes penales de los convictos en una de las seis "categorías de antecedentes penales".

Una vez hechas estas consultas y haber decidido el nivel de delito final y la categoría de antecedentes penales, el juez consulta una tabla de la sentencia en la cual  están los tiempos de encarcelamiento expresados ​​en número de meses,  para encontrar el rango que corresponde al nivel de delito final y categoría de antecedentes penales que se aplica en el caso.

El número de meses en el extremo superior o "superior" de cada rango es aproximadamente 25 por ciento mayor que el número de meses en el extremo inferior o "inferior" de ese rango de encarcelamiento, esto es, el "rango de pauta" que se aplica en el caso.

La Comisión Federal de Sentencias prevé específicamente cadena perpetua en solo cuatro de las más de 150 directrices contenidas en el Manual de pautas, y luego solo para ciertos actos o cierta clases de delincuentes.

Estas pautas incluyen asesinato, traición, ciertas ofensas de tráfico de drogas y ciertas ofensas de armas de fuego cometido por ofensores profesionales, como ya se ha dicho.

Las pautas del tráfico de drogas prevén específicamente una condena de cadena perpetua por delitos de narcotráfico, pero solo donde la muerte o lesiones corporales graves resultaron del uso de la droga y cuando el acusado haya sido condenado previamente por un tráfico de drogas.

En otros casos de tráfico de drogas que conllevan a cadena perpetua están los que involucran cantidades muy grandes de drogas y donde el ofensor tiene antecedentes penales importantes. En este caso, el rango de sentencia puede incluir cadena perpetua, aunque solo como la sanción en la parte superior de la distancia.

El juez también determina si el delincuente ha aceptado la responsabilidad de su crimen. Al final de este proceso, el juez tendrá que determinar el nivel de ofensa final para el delito del delincuente.

Para el establecimiento de la pena, el juez también habrá determinar un "puntaje de antecedentes penales" para el delincuente, según sus condenas penales anteriores y lugares ese puntaje en una de las seis "categorías de antecedentes penales".

Breve recuento del caso

Fue el 10 de noviembre de 2015  Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas quienes fueron arrestado en Puerto Príncipe, Haití, por agentes de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (BLTS, por las siglas en francés de Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants) en el restaurante del Servotel, un lujoso hotel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital haitiana. Posteriormente fueron expulsados y entregados a la DEA para su traslado a Nueva York donde serían procesados judicialmente por los delitos que les había imputado Gran Jurado de los EE UU.

Ya en suelo de Nueva York, Campo Flores y Flores de Freitas fueron llevados a las celdas del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la corte del Distrito Sur de Nueva York donde más tarde serían formalmente acusados y procesados.

El 12 de noviembre de 2015 el juez accidental, James L. Cott revisó los informes de investigación de arresto de los acusados y les leyó los cargos presentados en su contra: Conspiración para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos. A partir de ese momento, sería el juez Paul Crotty de la Corte del Distrito Sur de Nueva York quien se encargaría del caso.

Desde entonces tuvo lugar una cadena sucesos que pasó por varios cambios de los equipos de defensa, figurando entre ellos abogados de oficio adjudicados por el tribunal hasta costosos despachos jurídicos que levantaron grandes controversias al sospecharse que los honorarios de los mismos pudieran provenir de las arcas del tesoro nacional venezolano. Mucho tiempo después, bien adelantado el proceso, se supo que las facturas de Randall Jackson, John T. Zack de la prestigiosa firma  Boies, Schiller & Flexner LLP; y de  Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, que finalmente asumieron la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, eran pagadas por el empresario de filiación chavista, Wilmer Ruperti, quien, casualmente, había obtenido un jugoso contrato petrolero para la fecha en que estos hechos ocurrieron.

Quien para ese entonces ocupaba la fiscalía de la Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se encargó de blindar el caso con pruebas contundentes con base a la investigación que durante meses llevaron a cabo agentes de la DEA que se valieron de testigos e informantes secretos que suministraron evidencias en contra de Campo Flores y Flores de Freitas.

Los juristas diseñaron una estrategia consistente en desprestigiar, tanto la investigación de la agencia antinarcóticos, el procedimiento de arresto —denunciado como secuestro por la defensa—, como a los testigos e informantes y las pruebas recabadas por estos. Sostuvieron durante todo el juicio que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron objeto de una trampa esgrimida por los agentes del gobierno y sus cooperantes.

Durante el juicio propiamente dicho, que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre de 2016, un jurado integrado por doce personas, declaró culpables a Efraín Antonio  Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de los cargos que se les imputaban.

El 14 de diciembre de 2017 serán sentenciados por el juez Crotty y enviados a una cárcel federal donde pagarán la condena que le corresponde por sus delitos.

IRMA LOS GOLPEÓ Y EL ESTADO LOS ABANDONÓ

ICLEP-EL ESPIRITUANO: Sin ayuda.

Texto y fotos: Blanca Rosa Puig Vásquez. Periodista Ciudadana.
Jatibonico, Sancti Spíritus, 23 de octubre, 2017
 Habitantes de varias comunidades espirituanas se sienten abandonados a su suerte, debido a la inoperancia y demoras de las autoridades gubernamentales en la solución y resarcimiento de los innumerables daños y afectaciones recibidos, tras el paso por esta región del poderoso huracán Irma .
Pobladores de varias comunidades del territorio espirituano han pronunciado sus voces de descontento y protesta, por diversos medios, ante la poca gestión y demora de las autoridades gubernamentales en la solución de los innumerables daños y destrozos causados por el devastador huracán Irma.
Esta ineficacia y tardanza en la búsqueda de soluciones urgentes a las demandas, necesidades y carencias de la población afectadas por el fenómeno natural, se ha hecho sentir en comunidades rurales como lo son El Cinco y El Maja, factor detonante, para que múltiples familias residentes en estas comunidades manifiesten y denuncien públicamente a este medio de prensa el total abandono que han sufrido por parte de los organismos estatales que tienen la responsabilidad en reguardar los bienes y proteger las vidas de los ciudadanos.
Según su apreciación y experiencias vividas estos no tomaron medidas preventivas suficientes, para salvaguardar los bienes y proteger la vida de las familias más humildes, como lo es el caso en la comunidad El Maja, de Ernesto Lozano Fernández, y su esposa Mercedes Quesada Recio y su hijo de cuatro meses de nacido. De igual manera, la familia de Ernesto Mora Abeu, y su cónyuge Marlenis Rodríguez Alfonzo, quien es asmática crónica y operada del corazón.
Este evento meteorológico marcará la vida de muchos espirituanos, debido a su magnitud y daños y dejará huellas tristes en la memoria e historia de la provincia, en especial las personas que sufren la indolencia y abandono gubernamental como nunca antes había sucedido.
Para este medio de prensa declaró Ernesto Mora Abreu, residente en el Maja: ¨Nunca he visto tanto abandono y demora de las autoridades del gobierno en la atención y solución de los daños causados por el huracán. No hay electricidad, no hay comida y agua. Ni un poco de azúcar nos han traído para hacer un agua. Estamos completamente desamparados 
Otras familias jatiboniquense residentes en la comunidad El Maja se quejan del abandono a su suerte, sin ninguna asistencia, protección a sus vidas y apoyo material luego de los embates del poderoso huracán Irma en su paso por este territorio.
Para la familia de Domingo Verduras e hijos el paso del huracán Irma por este municipio se convirtió en un verdadero calvario de temor y abandono por parte de las autoridades locales y la defensa civil, quienes no le prestaron el apoyo y protección requeridos en tales casos.
El delgado anciano, que peina canas, con sus 92 años de edad y sufre de isquemia transitoria e invalidez parcial, reside en calle principal No 37 la comunidad El Maja, junto a sus dos hijos Jesús y Mario Verdura. Estos humildes cubanos a quienes el ciclón anterior le derribó parcialmente su vivienda, y quienes nunca recibieron los materiales prometidos añadieron ahora los embates de los poderosos vientos de Irma en su insegura vivienda. Las autoridades locales y la defensa civil nunca se personaron en su hogar para evacuarlos, teniendo que trasladarse ante el eminente derrumbe de la casa al sector de la Policía Nacional Revolucionaria, del lugar por insistencia del jefe de sector, teniendo que pasar un largo periodo de tiempo en este lugar sin alimentos , hasta que se quejaron a estas autoridades y le enviaron un poco de mermelada, unos panes y un pedazo de mortadela para saciar el hambre que tenían.
Según declaraciones de Jesús Verdura Rodríguez, para este medio de prensa: ¨ni antes, ni durante el ciclón nadie nos visito para evacuarnos u orientarnos, ni del go-bierno, ni de la defensa civil, nos dejaron a nuestra suerte, sin protección, ni alimen. Hoy, a más de un mes del paso del huracán, nadie ha venido a ver nuestra destruida vivienda, ciertamente nos sentimos abandonados a nuestra suerte¨.

LAS AUTORIDADES CUBANAS SIGUEN CASTIGANDO DELITOS OCURRIDOS TRAS EL PASO DEL ÚLTIMO HURACÁN

La Fiscalía de Ciego de Ávila ha procesado a 43 personas por delitos tras el paso del huracán Irma

Punta Alegre, Ciego de Ávila, tras el paso del huracán Irma. (GRANMA)
DDC | Ciego de Ávila | 22 de Octubre de 2017
La Fiscalía de Ciego de Ávila había procesado hasta finales de septiembre pasado 37 hechos delictivos vinculados con el paso del huracán Irma que implicaron a 43 personas, informa el periódico oficial local Invasor.
María Victoria Sifonte Ayup, fiscal jefa en la provincia, dijo que a 18 acusados "se les aplicó medida cautelar de detención preventiva, en tanto a 13 se les realizaron actos de juicio oral".
La funcionaria indicó que el delito más frecuente ha sido el hurto, aunque también se han dado casos de especulación y robo con fuerza.
Añadió que "teniendo en cuenta la situación excepcional que vive aún el territorio, se prevé una política penal de severidad hacia aquellos individuos que atenten contra los bienes del Estado y el pueblo".
Detalló que, de los 37 hechos radicados por la Fiscalía avileña, 18 tuvieron una respuesta penal a través de un proceso sumario, según establecen los artículo 359 y siguientes de la Ley de Procedimiento Penal. Los restantes casos están siendo procesados por los tribunales, y a cinco implicados se les aplicó el tratamiento administrativo, dijo.
Sifonte Ayup no precisó, sin embargo, las condenas aplicadas a los procesados.
La funcionaria consideró positivo que, hasta el momento, no se hayan formulado acusaciones relacionadas con el desvío de los materiales de construcción que se distribuyen a los damnificados, aunque reconoció que la ausencia de denuncias no es garantía de legalidad.
Ciego de Ávila fue una de las provincias en las que Irma causó mayor devastación.
La corrupción relacionada con la distribución de materiales de construcción y otros bienes a damnificados es habitual en la Isla.

SIGUE LLEGANDO AYUDA A CUBA QUE LOS DAMNIFICADOS NO VEN


La Asociación de Empresarios Españoles anuncia una recaudación de fondos para los damnificados cubanos



Cojímar tras el paso de Irma. (EFE)
Agencias | La Habana | 23 de Octubre de 2017
La Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AECC), que agrupa a más de 260 firmas, anunció este domingo el inicio de una campaña de recaudación de fondos para contribuir a la recuperación de la Isla tras el paso en septiembre del huracán Irma, que dejó 10 muertos y millonarias pérdidas materiales, reporta EFE.
El presidente de la AECC, Xulio Fontecha, dijo que la entidad se puso a disposición de la Cámara de Comercio y el Ministerio del Comercio Exterior, su contraparte cubana, para ofrecer una colaboración que fue aceptada.
"Sabemos todos que hubo muchos daños. Lo que más nos duele desde el punto de vista humano son los daños sufridos en las viviendas, en la agricultura, las pérdidas que afectan directamente a la vida de las personas", comentó Fontecha.
Según un informe preliminar, el ciclón causó daños en al menos 158.550 viviendas, de las que 14.657 quedaron totalmente destrozadas.
La campaña no empezó hasta ahora debido a la demora de los trámites para abrir una cuenta bancaria en euros específicamente para este fin, precisó el responsable del empresariado español en Cuba, quien agregó que a la media hora de estar habilitada la cuenta ya comenzaron a llegar transferencias.
"A pesar del tiempo transcurrido es importante insistir en que la ayuda sigue siendo muy necesaria", agregó.
La AECC realizó una primera donación de 1.000 euros a esta cuenta, en la que será posible depositar contribuciones hasta el próximo 1 de noviembre, cuando se anunciará la cifra recaudada, que será entregada a las autoridades cubanas.
Tras el devastador paso del huracán Irma por la costa norte de Cuba entre el 8 y el 10 de septiembre, a la Isla han llegado donaciones y ayuda humanitaria enviadas por gobiernos, asociaciones de amistad, empresas, organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones religiosas, entre otras.
Venezuela, República Dominicana, Japón, España, Surinam, China, Bolivia, Colombia, Perú y varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas han enviado ayuda material, principalmente alimentos, materiales de construcción e higiene y dinero en efectivo.
Pese a la dramática situación de muchos damnificados cubanos, la severa falta de comida y medicinas en el país, el Gobierno ha enviado donaciones de alimentos y medicinas a países como Dominica y Nicaragua.

LA UNIVERSIDAD DE MIAMI PROSIGUE MOSTRANDO SUS ROJOS COLORES





Una vez más los hechos demuestran que el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk Mora parece estar jugando con los cubanos que de muy buena fe han acudido a él, para conseguir garantías de que la UM no establecerá—como era (¿O sigue siendo?)—la meta establecida bajo su presidencia.
Después de verse obligado a suspender la planeada conferencia de un esbirro intelectual del castrismo, sobre las “maravillas” del sistema de salud implantado en Cuba por la tiranía, ahora se descubren otras complicidades que muestran claramente que el plan original sigue en marcha, a pesar de todas las promesas hechas a los cubanos Marcel Felipe, Diego Súarez, Carlos Alberto Montaner y Sam Verdeja.
El conocido activista Frank Calzónles ha enviado una carta a los cubanos arriba mencionados, en los que les interpela y les muestra cómo la UM—a pesar de las promesas de su presidente a estos cubanos—sigue adelante en sus relaciones con las Universidades del régimen castrocomunista.

“Marcel (Felipe), Diego (Súarez), Carlos Alberto (Montaner), Sam (Verdeja)
Les estoy escribiendo porque hace dos meses Uds. Se reunieron con el Presidente de la UM, Frenk y los reportes de prensa indicaron que se les prometió que la Universidad se mantendría alejada del negocio de la propaganda pro castrista. Por favor, díganme que no tengo base para mi indignación.
Por favor, échenle un vistazo a esta publicación de la UM, que yo he recibido. Pretenden que sea una evaluación académica, pero no es más que una pieza de desinformación.
Por favor, díganme si yo he pasado desapercibida alguna referencia a la represión de los derechos humanos, golpeadura a los disidentes o a los prisioneros políticos. Por favor, díganme si he ignorado alguna referencia al barco espía soviético en La Habana o a los miles de militares cubanos en Venezuela para defender a Maduro y ayudar a la represión y el asesinato de venezolanos.
Si Uds. Ven alguna referencia a la falta de libertad académica en las Universidades cubanas, libros prohibidos, maestros y profesores expulsados por sus creencias políticas, por favor déjenme saber.
Imagínense cual sería la reacción de la comunidad académica si una publicación similar hubiera sido publicada por una universidad norteamericana enfocada en Chile durante la dictadura de Pinochet.
Por favor, lean las citas, ¿Es este un documento balanceado enfocando la realidad cubana? La referencia a otras islas caribeñas es un viejo ruco de desinformación destinado a confundir al lector. Esta publicación pretende lavarle la cara al régimen cubano. El pueblo cubano, sus miserias, el vaso de leche que Raúl Castro prometió a cada cubano cuando asumió la presidencia sigue siendo una promesa vacía.
¿No se le debe de advertir al lector que no hay sindicatos independientes en Cuba, ni derecho a huelga, ni contratos colectivos de trabajo, y que la élite del régimen es casi completamente blanca, mientras la mayoría de los cubanos no lo son, y que el salario average es de 24 dólares al mes?

Pero, yo no estoy sorprendido. Andy Gómez (foto de la izquierda) es citado varias veces. Este es el tipo de “lectura” que el director interino del Instituto de Estudios Cubano y Cubano Americano les ofrece a los turistas norteamericanos que viajan a la isla en lujosos cruceros.
¿Están congresistas y senadores conscientes de lo que está ocurriendo? ¿Los contribuyentes de USA le dan subsidios a la UM? ¿Quiénes en la UM son los responsables por esto? ¿No debían ellos estar abochornados por esto?
Fdo. Frank Calzón”
El lector que desee leer en inglés la publicación de la UM a que se refiere la carta de Frank Calzón, puede acceder al sitio pinchando el siguiente enlace:
http://cuba.miami.edu/

VENEZUELA EN UN ABISMO ECONÓMICO

José Guerra: El pago de la deuda de Venezuela traerá más escasez

El diputado a la Asamblea Nacional alertó que el año que viene el país debe afrontar pagos externos que corresponden a "casi la mitad del ingreso petrolero" de Venezuela, mucho mayores que los de este final de 2017.EFE
Caracas, 23 de octubre de 2017
 El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que a costa de las importaciones de productos básicos, Venezuela pagará a tiempo los más de 3.500 millones de dólares de deuda que le corresponde abonar entre octubre y noviembre de este año, pero se acentuará el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes. ¿Tienes algo que decir? Inicia la conversación y sé el primero en comentar.
 El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento y académico, recordó en una entrevista a Efe, que parte de los vencimientos que vienen son en concepto de capital, para los que no hay período de gracia y que el Estado debe pagar a tiempo para no entrar en suspensión de pagos. "El Gobierno va a seguir con la política que tuvo en 2016 de pagar la deuda sacrificando las importaciones y eso es la escasez, eso es la carestía, las carencias que vemos en los productos fundamentales, medicinas y alimentos", dijo el diputado opositor desde su escaño en la Cámara.
El Gobierno Nacional que tiene desde 2002 el monopolio legal de la venta de divisas, lleva desde finales de agosto sin adjudicar dólares a las empresas privadas que importan productos, debido, según el legislador, a que "todo lo que entra lo están apartando" para pagar la deuda.
La interrupción de las subastas de divisas a través del sistema Dicom -a una tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) de 3.345 bolívares el dólar- se debe, según el Gobierno, a las sanciones financieras impuestas en agosto por los Estados Unidos al Ejecutivo por su supuesta deriva totalitaria. Dificultades administrativas provocadas por estas sanciones podrían ser la causa de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se retrasara este mes en el pago de unos bonos, que al ser en concepto de intereses tienen un período de gracia de 30 días.
El Gobierno no ha podido endeudarse directamente en lo que va de año al no contar con el aval de la Asamblea Nacional, que a través de distintos órganos alineados con el oficialismo lo ha despojado de sus funciones legislativas y de control desde que tomara posesión la mayoría absoluta opositora surgida de los comicios de diciembre de 2015.
 "El artículo 312 de la Constitución establece que para que haya endeudamiento tiene que ser aprobado por una ley del Parlamento", afirma Guerra, que vaticina que "no va a haber financiamiento de dinero fresco del mercado financiero" si el Gobierno sigue sin presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante el legislativo.
 El diputado, que tiene a sus espaldas una larga trayectoria en el BCV, explica que "los bancos internacionales y los fondos de inversión no están dispuestos a comprar una deuda" que no cumpla todas las exigencias legales. En este sentido, el Parlamento ha llevado a cabo una intensa labor internacional para dejar clara esta circunstancia a los posibles compradores de deuda venezolana y evitar así un endeudamiento cuya finalidad y condiciones no aprueba la oposición. Una solución para sortear este control parlamentario exigido por la ley podría haber sido la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo, que en una de sus primeras decisiones se arrogó las atribuciones legislativas del Parlamento.
No obstante, buena parte de la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de este suprapoder. En esta situación, a Venezuela le quedan los préstamos de Rusia y China a PDVSA y otros mecanismos no sujetos a la aprobación del Parlamento, pero Guerra duda del músculo económico de Moscú para satisfacer las necesidades de Caracas, y no ve al gigante asiático dispuesto a continuar aportándole capital.
 El economista alerta de que el año que viene el país debe afrontar pagos externos que corresponden a "casi la mitad del ingreso petrolero" de Venezuela, mucho mayores que los de este final de 2017, y el Estado deberá seguir sacrificando importaciones y "vender el oro" de unas reservas que ya llevan mucho tiempo cayendo.